DEBATE SOBRE LA NACIONALIZACIÓN PETROLERA DE 1976

Para varios analistas petroleros la "nacionalización" de la industria petrolera ocurrida el 1 de enero de 1976 fue un acto de soberanía e independencia petrolera: La promulgación de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y la consecuente nacionalización de la industria petrolera, constituyó un ejercicio de soberanía y se realizó dentro de una coyuntura económica y política altamente favorable (…) A juicio de distinguidos especialistas, entre ellos los miembros de la Comisión Presidencial de Reversión… la nacionalización de la industria y el comercio de hidrocarburos constituyó un acto de soberanía con amplia justifi cación en el terreno político, ético y jurídico… (Crazut, 2006: 99).

Ciertamente, la llamada "nacionalización", fue realizada en un contexto de auge sin precedentes en la historia democrática del país, gracias a los cuantiosos ingresos fi scales percibidos a raíz del incremento súbito de las cotizaciones petroleras en el mercado internacional a partir del año 1973. Sin embargo, otros analistas opuestos a la forma como se realizó la nacionalización, a la cual denominan el proceso de "desnacionalización" o el verdadero proceso de apertura petrolera, sostienen la siguiente tesis:

…con el fi n de la era concesionaria (1976) no se pasa a la era del control pleno por parte del Estado sobre su industria petrolera, sino a una nueva modalidad de relación subordinada: Estado-transnacionales. Más elástica y sutil, más adaptable a la evolución de las realidades económicas y políticas contemporáneas, que manteniendo y profundizando las características esenciales de la situación anterior, fuera a la vez una puesta a tono con el signo de los tiempos que desmovilizara los sentimientos negativos que despertaba el viejo sistema concesionario. (Mendoza, 2006:196) De tal suerte que, insistimos, la apertura se inicia en Venezuela con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Y justamente, con los contratos de Asistencia Técnica y Comercialización, los cuales constituyen el primer eslabón de esa apertura, que continúa y profundiza la participación transnacional en el negocio petrolero venezolano (Mendoza, 2006:200).

Según Silva (2006:120), surgieron dos posiciones respecto a la necesidad de profundizar o perfeccionar la nacionalización: Una, la de quienes sostenemos que la nacionalización debía primero que todo mirar hacía las necesidades internas de la nación, para satisfacerlas mediante el abastecimiento de hidrocarburos, tanto para el consumo fi nal como para su refi nación e industrialización. Fue lo que denominamos la internalización petrolera. Condicionada a ese abastecimiento interno debe quedar la exportación, que, aunque a la larga suponga la reducción de exportación de petróleo crudo, mejoraría la de productos, con las ventajas de mayores ingresos, generación de empleo y reactivación económica general, por la agregación interna de valor. La otra postura fue la de la internacionalización, con la cual, se dijo, se aspiraba reintegrar verticalmente nuestra industria petrolera, a la cual la Ley de Nacionalización le había cercenado el mercado internacional y además abrir mercados para nuestros crudos pesados. La internalización no se adoptó como política general,… mientras que la internacionalización se puso en práctica mediante la compra total o parcial de diversas empresas en el exterior, sobre las bases semejantes al modelo extractivo-exportador y mecanismos de descuentos sobre precios, cuyos resultados, así como la conveniencia de mantener dichas empresas, mantienen vivas las dudas que desde el comienzo se manifestaron sobre ellas.

Dacuerdo con lo anterior, la supuesta nacionalización de la industria petrolera resultó ser nuevamente una componenda de sectores políticos y burgueses venezolanos, que emulando las decisiones apátridas del dictador Juan Vicente Gómez respecto al aprovechamiento del negocio petrolero por parte de los venezolanos, volvieron a entregarles gran parte de ese negocio a las grandes compañías petroleras transnacionales para el benefi cio de sus países de origen. De esa manera, nuevamente unos ciudadanos venezolanos tomaron decisiones erradas en materia de política petrolera, las cuales fueron en detrimento de los intereses nacionales, dándoles un duro golpe al sueño histórico de independencia, soberanía y control sobre los recursos petroleros sembrados desde hace miles de años por la naturaleza en el subsuelo venezolano. Valga la siguiente especulación: probablemente, la defensa, explotación, desarrollo autónomo y directo por parte de los nacionales en las diferentes fases que se realizan dentro de la industria petrolera, pudieron haber ayudado a enrumbar al país a la consecución de mejores indicadores de desarrollo económico y social que las que hoy se tienen. Es importante recordar, que para el momento del ejecútese de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, las concesionarias extranjeras ya habían convenido en aceptar la oferta de indemnización por parte del Estado venezolano, sin embargo, de su propio seno, constituyeron las juntas directivas de las operadoras que los sustituirían, a partir del 1 de enero de 1976, en la gestión de la industria. Los que integraron estas juntas directivas fueron venezolanos que por sus méritos gerenciales y compenetración con los intereses de las compañías se habían convertido en hombres de confi anzas para sus casas matrices: Guillermo Rodríguez Eraso, vicepresidente de Creole Petroleum Corporation; Alberto Quirós Corradi, presidente de la Compañía Shell de Venezuela y otros de los niveles subsiguientes, como Frank Alcock, José Giacoppini Zárraga, Gustavo Coronel, Wolf Petzall, etc. (Mendoza: 1985: p. 116).